El proyecto de ley de regulación de aplicaciones informáticas, en su intento de ofrecer una respuesta a las empresas de transporte ante la llegada de Uber, establece trabas que desestimulan la llegada de nuevos inversores en el sector.

En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el proyecto de ley de regulación de aplicaciones informáticas, que en su intento de ofrecer una respuesta a las empresas de transporte ante la llegada de Uber, establece trabas que desestimulan la llegada de nuevos inversores en el sector.

 

Ante esta situación, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) adoptó acciones inmediatas tendientes a lograr modificaciones en la norma, que en la actualidad está a estudio de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. En ese sentido, el presidente de la Cámara, Carlos Caetano, en conjunto con autoridades de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (Cedu), se reunió con autoridades del gobierno y la oposición.

 

En las últimas semanas, la postura de ambas Cámaras fue presentada ante el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, uno de los redactores del proyecto, así como ante varios ministros y legisladores de los partidos políticos con representación parlamentaria. En todos los encuentros se alertó sobre las inconsistencias jurídicas de la propuesta, indicando además la inconveniencia de su aplicación, que limita el desarrollo de la industria.

 

Una de las principales objeciones planeadas radica en la amplitud de la norma, que establece para las empresas que desarrollan aplicaciones informáticas el mismo grado de responsabilidad que el que corresponde a las compañías que venden sus bienes o servicios a través de esas plataformas.

 

También se cuestiona la potestad otorgada al Banco Central de bloquear las cuentas bancarias de presuntos infractores, ante la sola sospecha planteada desde cualquier organismo público de contralor, dado que se trata de una medida de naturaleza punitiva, asumida en forma previa al procedimiento judicial que compruebe la existencia de un delito.

 

En las próximas semanas, los representantes de Cuti esperan ser recibidos por la comisión parlamentaria que estudia el tema para recomendar que el proyecto no sea votado tal como fue presentado por el Poder Ejecutivo, ya que sus inconsistencias jurídicas y de redacción se contraponen con los derechos consagrados por la Constitución de la República.

 

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