¿Imaginan que un robot los atienda en una oficina pública? El proceso de informatización de la administración no se detiene.

Se inició con la digitalización de documentos, luego soporte de gestión, analítica de decisión, y ya hay algunos casos pioneros de sustitución de la decisión humana.

 

La inteligencia artificial ya dijo presente en la actividad ejecutiva del Estado, y en la actividad judicial, con algunas experiencias pioneras en Canadá, Holanda y Australia por ejemplo.

 

La actividad legislativa es la menos afectada, e incluso hay reticencia parlamentaria a tratar el tema en normas legales, con excepciones contadas: Corea, Unión Europea, y anuncios en Alemania y Estados Unidos.

 

En Australia recientemente la incorporación de la inteligencia artificial se salió de cauce con la llamada “debacle de la “robodeuda” (robodebt), que ha provocado un clima público adverso a la inteligencia artificial.

 

¿Por qué sucedió esto y qué factores diferencian el caso australiano de la ya habitual incorporación de las TIC a la gestión pública? ¿Puede la robótica reducir el número de empleados de la administración pública?

 

Para conversar sobre estos temas, recibimos al abogado especializado en Gestión de las Telecomunicaciones y en Derecho de Alta Tecnología, Matías Rodríguez, en una cuarta edición de los “Desafíos éticos y jurídicos de la robótica y la inteligencia artificial”.